Sobre el juego privado circulan una serie de mitos –en ocasiones dirigidos por algunos sectores políticos – acerca de su actividad, narrativas que desarma la propia evidencia científica arrojada por los diferentes estudios que analizan el desarrollo de la industria y su contexto. Uno de los mitos más extendidos en la opinión pública es el que acusa a los operadores de juego privado de instalar sus locales en barrios económicamente más desfavorecidos, en comparación con otros mejor posicionados económicamente, con la deliberada intención de tomar ventaja de la posible vulnerabilidad de algunos clientes, o con la motivación de estar cerca de colegios y atraer a los menores de edad. A raíz de esta distorsionada percepción pública sobre la planificación de estos establecimientos, se exige que se imponga una distancia entre los locales y las zonas anteriormente mencionadas, comúnmente llamadas “zonas sensibles”, limitando de este modo la apertura de nuevos locales. Una fórmula que no funciona, ya que es conocido que la imposición de esta clase de distancias no resulta disuasoria a la hora de cumplir su principal objetivo: reducir la exposición y la frecuencia de juego de la población más vulnerable.
Este criterio, repetido como un mantra, ha borrado del debate público una pregunta que muchas instituciones y representantes públicos han dejado de plantearse, si es que alguna vez lo hicieron: ¿Es la distancia entre locales de juego un factor determinante para lograr una protección efectiva de los colectivos más vulnerables? Existen diferentes estudios, elaborados en Italia y España, que nos dan una aproximación muy clara para responder a esa pregunta.
En marzo de 2021 se presentó en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz (Roma) el estudio ‘El contraste de los riesgos derivados de los trastornos del juego’, elaborado por una de las más prestigiosas empresas de investigación y consultoría, DBA DOXA. Las doctoras Sonia Biondi y Roberta Belli, presentaron los resultados, acompañadas por numerosos representantes institucionales, como el senador Marino, presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre Disfunciones del Juego Ilegal y del Juego Público; Federico Freni, subsecretario del MEF con responsabilidad para los juegos; y Marcello Minenna, director de ADM, Agencia de Aduanas y Monopolios.
Las conclusiones del estudio revelan que las distancias entre locales de juego, lejos de proteger a los jugadores más vulnerables, consiguen fomentar el juego ilegal y reducir el control sobre los jugadores vulnerables. Esta conclusión refuerza la necesidad de plantear alternativas a la planificación de las distancias para organizar el sector, de manera que estas eviten la proliferación del juego ilegal, un crecimiento que perjudica tanto a los operadores regulados como a los propios clientes.
En Italia, el cierre de los locales durante la crisis de la Covid-19 ha confirmado que, cuantas menos garantías se ofrece a los ciudadanos a través de cauces legales de juego, más se desplaza la demanda hacia alternativas/ofertas ilegales el juego. Federico Freni, subsecretario de Estado de Economía y Finanzas, destacó la necesidad de que operadores de juego y Estado trabajen de manera conjunta en la lucha contra el juego ilegal, una cooperación que busque la protección de los ciudadanos: “Los resultados de este estudio surgen de la discusión con stakeholders. La estratificación regulatoria es uno de los factores que mayor incertidumbre genera, siendo potencialmente devastadora para el sector y para el Estado. Es necesario proteger los intereses públicos derivados de una industria que en Italia dispone de 300 concesionarios, 6.600 empresas y da empleo a alrededor de 150.000 personas. Cualquier prohibición radical beneficia la ilegalidad, con un incremento del juego ilegal, y, por lo tanto, un menor control sobre los colectivos vulnerables”.
El estudio revela que la opinión pública ha desarrollado una imagen distorsionada sobre los jugadores, confundiendo a los usuarios sociales – la inmensa mayoría de los usuarios de juego – con jugadores problemáticos. Esta visión ha fomentado la implantación de restricciones indiscriminadas y arbitrarias, abandonando la posibilidad de establecer medidas específicas que atiendan a la realidad de las personas con riesgo real de desarrollar una patología.
El estudio también señala que las distancias funcionan como un elemento disuasorio para el jugador social, pero no para el jugador irresponsable. La estricta legislación en distancias pone en riesgo la supervivencia de los operadores legales, el trabajo de todos sus empleados y la elevada recaudación en forma de impuestos. Italia se ha dado cuenta de que las normas de carácter prohibicionista contra los operadores legales de juego, lejos de fomentar el juego responsable, están generando nuevas problemáticas. Por eso, ya están dando marcha atrás en su foco sobre las distancias.
También pone en duda el mito de las distancias el estudio de Jordi Ortiz García ‘La distancia, ¿importa? (I): el grado de cumplimiento normativo de la legislación sobre las distancias entre casas de apuestas y centros educativos’, publicado en el Boletín Criminológico (artículo 4/2020, nº 192) cuando afirma que “las zonas elegidas para la ubicación de los establecimientos de juego son zonas con características concretas: alta tasa de población, mayor concentración de espacios de ocio, antiguos locales destinados al juego que se encontraban cerrados o barrios con una renta por persona más alta. Una cuestión que difiere con las noticias o estudios llevados a cabo en otras ciudades (…). Esta constatación supone apoyar la hipótesis de que la situación de los locales destinados al juego sigue el criterio de exposición, antes que el de captación de ciertos colectivos vulnerables, como mínimo, en el caso de la ciudad de Cáceres».
El estudio de Pedro Campoy Torrente, ‘La legislación sobre las distancias entre casas de apuestas y centros educativos: escenarios criminológicamente plausibles’, publicado en el Boletín Criminológico, (artículo 2/2022, nº 214), defiende que “en cuanto a la ubicación de locales de juego, en el caso de la ciudad de Cáceres, los resultados muestran que su ubicación no se ajusta a criterios socioeconómicos. De las ocho casas de apuestas de la ciudad de Cáceres sólo una de ellas estaría dentro de los criterios que la Administración entiende como “barrio vulnerable”, mientras que las siete restantes se encontrarían en barrios denominados como de clase media o alta”.
Desde el sector del juego esperamos que el ejemplo de nuestros vecinos italianos y la luz arrojada por los primeros estudios criminológicos sobre esta temática, elaborados en Extremadura, sirvan para que el debate en torno al juego se fije en la búsqueda de soluciones equilibradas, enfocadas en el juego responsable, y que resulten realmente efectivas para la protección de los colectivos más vulnerables.
