• El acuerdo afirma que la politización del debate está provocando que, en ocasiones, en lugar de tomar medidas eficaces para abordar el problema del juego problemático se estén poniendo en marcha decisiones sobre realidades no contrastadas empíricamente.
• El portavoz de CCOO afirma que “tenemos que exigir que las ayudas que lleguen al resto se puedan utilizar también en este sector en defensa del empleo, porque se está generando mucho, y de calidad, no solo empleo precario como aparentemente se puede pensar desde la opinión pública”.
• El documento firmado solicita a los responsables políticos, tanto a nivel nacional como autonómico, el máximo respeto a la labor que realizan los miles de trabajadores que forman parte de este sector y que cumplen su función con los máximos valores éticos y profesionales.
Madrid, 27 de octubre de 2021.- Esta mañana se han reunido en Madrid las principales asociaciones de la industria del juego privado junto con Comisiones Obreras para firmar un acuerdo en favor de la protección del empleo en las empresas del sector.
Por parte del sector del juego, han asistido a la firma las asociaciones ANESAR (Asociación Española de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos), CEJ (Confederación Española de organizaciones de Empresarios del Juego del Bingo), CEJUEGO (Consejo Empresarial del Juego) y FEJBA (Federación Española de Juegos de Bingo y Azar). José Vall Royuela, presidente de ANESAR, Fernando Henar, presidente de la CEJ, Alejandro Landaluce, director general de CeJuego, y Jesús Serrano Escudero, secretario técnico de FEJBA, han sido los encargados de representar a las distintas asociaciones presentes en la firma del acuerdo. Por parte de CCOO, la representación ha venido de la mano de Luis Javier Prieto Orallo, secretario de negociación colectiva de CCOO Servicios.
En el acuerdo firmado, las partes manifiestan su compromiso de colaboración para proteger el empleo en el sector y promover que la actividad del juego siga siendo una oferta de ocio seguro, responsable y sostenible. Este sector ha sufrido fuertes transformaciones y restricciones durante el último año, que han afectado considerablemente a la viabilidad de muchas de las empresas que lo conforman y ocasionado la pérdida de numerosos empleos, tanto de medianas y pequeñas empresas como de autónomos. Una situación que puede terminar obligando a cerrar muchos establecimientos y que genera gran preocupación en el sector y entre sus trabajadores.
Así mismo, también se señala que la politización del debate está provocando que, en ocasiones, en lugar de tomar medidas eficaces para abordar el problema del juego problemático se estén poniendo en marcha decisiones sobre realidades no contrastadas empíricamente cuya consecuencia principal sea el cierre de negocios y establecimientos y la perdida de puestos de trabajo.
El documento promueve un ocio seguro y responsable con el compromiso de la industria y de sus trabajadores y trabajadoras. ANESAR, CEJ, CEJUEGO, FEJBA y CCOO están de acuerdo y comparten las medidas normativas basadas en la promoción de buenas prácticas del juego, pero se muestran preocupadas por las decisiones que se están abordando en todo el territorio español, que afectan de forma directa a la sostenibilidad de la actividad y sus puestos de trabajo y, en ocasiones, criminalizan a sus miles de profesionales.
El juego es una actividad de ocio altamente regulada, prestada tanto por el sector privado como por el público. En todo el territorio nacional, la industria -incluyendo Loterías y Apuestas del Estado y Ia ONCE- da empleo a 260.000 personas -85.000 empleos directos y 175.000 indirectos-. De ellos, casi 50.000 están vinculados a la hostelería. El negocio del juego supone un 0,38% del PIB, 326 millones de euros en cotizaciones sociales, y genera unos impuestos de 1.789, en base a las cifras del último año.
Tanto las asociaciones de empresas del juego, como el sindicato que representa de forma mayoritaria a sus trabajadores, comparten en este documento que las intenciones de algunas administraciones públicas de limitar el funcionamiento de establecimientos ya abiertos supondrían la pérdida de miles de puestos de trabajo en un momento como el actual, de grave crisis económica, que está golpeando con especial dureza a las personas que trabajan vinculadas al ocio y la hostelería.
En palabras de Alejandro Landaluce, director general de CeJuego, “Los datos demuestran que en España contamos con la entera disposición de todo este sector, desde las empresas a los trabajadores, para seguir mejorando la protección de los sectores más vulnerables y el respeto a la libertad individual y al derecho al trabajo, principios básicos de la Constitución, y es por eso que rechazamos las medidas regulatorias que conlleven el cierre de empresas y el despido de miles de personas de sus puestos de trabajo”.
Luis Javier Prieto Orallo, secretario de negociación colectiva de CCOO Servicios, recalcó que “el sector del juego emplea a prácticamente 80.000 personas en España, si hablamos solo de personal directo, entre ellos, una gran parte, relacionado con la hostelería. No estamos hablando de dos ni de tres empresas, ni de un número pequeño de trabajadores y trabajadoras”. En su intervención ha querido dejar constancia de lo que llevan años reivindicando tanto las patronales como CCOO “y es que las Administraciones a la hora de regular se sienten, hablen, dialoguen, y escuchen a todas las partes afectadas. Esta es una de las primeras cosas y más importantes que desde aquí creo que tenemos que exigirle, no pedirle, a las Administraciones”. Además, ha querido hacer hincapié en la situación provocada por la crisis sanitaria, afirmando que “el COVID ha afectado a este sector, y probablemente sea de los más afectados, y por ello también tenemos que exigir que las ayudas que lleguen al resto se puedan utilizar también aquí en defensa del empleo, porque se está generando mucho, y de calidad, no solo empleo precario como aparentemente se puede pensar desde la opinión pública que se genera”.
CeJuego, ANESAR, CEJ, FEJBA y CCOO, siempre estarán de acuerdo en cualquier tipo de medida destinada a proteger a los sectores vulnerables, menores y personas que pudieran presentar un desorden con la actividad.
El acuerdo firmado solicita a los responsables políticos, tanto a nivel nacional como autonómico, el máximo respeto a la labor que realizan los miles de trabajadores y trabajadoras que forman parte de este sector y que cumplen su función con los máximos valores éticos y profesionales. También reclama que cualquier medida que tenga impacto en el empleo se establezca tras el consenso entre todos los actores que forman parte de la industria del juego, con la intención siempre de evitar el cierre de establecimientos ya abiertos, e impedir así la pérdida de puestos de trabajo.
