En España, el juego está prohibido para los menores de edad desde el inicio legal la actividad, el 25 de febrero de 1977, con el Real Decreto Ley 16/1977.
Posteriormente, la Ley 13/2011 de 27 de mayo de Regulación del Juego, asentó el marco normativo para las distintas modalidades de juego, con el fin de seguir garantizando la protección del orden público, luchar contra el fraude, prevenir conductas adictivas, proteger los derechos de los menores y salvaguardar los derechos de los participantes en los juegos, sin perjuicio de lo establecido en los Estatutos de Autonomía.
Se estableció además que el Cuerpo Nacional de Policía es la única autoridad competente para controlar e inspeccionar el cumplimiento de la legalidad, creándose el Servicio Central de Control de Juegos de Azar, con sede en Madrid, para coordinar las labores relativas al cumplimiento de esta normativa.
A medida que las comunidades autónomas fueron asumiendo algunas competencias en materia de juego, firmaron convenios de colaboración en el ámbito de inspección del juego con el Ministerio de Interior, en virtud de los cuales, y en base a criterios de eficacia y eficiencia, cuerpos autonómicos, tales como la Policía Foral de Navarra o los Mossos d’Esquadra, colaboran con la Policía Nacional en la vigilancia del cumplimiento normativo por parte de todos los operadores del sector en materia de menores y auto prohibidos, valiéndose para esto de inspecciones frecuentes a los establecimientos de juego. En el caso del País Vasco, es la Unidad de Juegos y Espectáculos de la Ertzaintza la encargada de realizar las labores de vigilancia normativa correspondientes, como titular de todas las competencias en materia de orden público, seguridad ciudadana, tráfico y juego y espectáculos de la autonomía, entre otras.
Los operadores de juego privado garantizan los requisitos para evitar el acceso a establecimientos de juego, entre otros, a menores e incapacitados legalmente por resolución judicial, a las personas que voluntariamente hayan solicitado que se le prohíba el acceso al juego – que figuran en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego – y a todos aquellos que lo tengan prohibido por resolución judicial firme. Además, todos los establecimientos de juego cuentan, sin excepción, con información que indica, de manera clara, la prohibición de entrada a los grupos citados, así como indicaciones para disfrutar el juego de manera responsable y sostenible.
La ejecución y los posteriores informes de resultados de estos planes de inspecciones en establecimientos de juego resultan una garantía del cumplimiento por parte de todos los operadores de juego privado presencial con la normativa de acceso y con la homologación de los sistemas de controles de acceso. Algunos de los sistemas de control cuentan con avances tecnológicos para garantizar su efectividad, tales como avisadores sonoros que se activan en caso de que, al entregar el DNI en la entrada del local, se encuentre que el posible cliente sea menor o persona vulnerable.
Comunidades autónomas con cero menores
Las inspecciones llevadas a cabo por estas autoridades a los establecimientos de juego son frecuentes y numerosas. Aunque muchas comunidades autónomas no facilitan los datos de estas inspecciones de forma habitual, según fuentes periodísticas, durante 2019 se llevaron a cabo más de 6 000 inspecciones en Galicia, con el resultado de cero incidencias, resultado replicado – también en Galicia – tras más de 2 500 inspecciones durante el primer semestre de 2021.
Tras 2 375 inspecciones en La Rioja durante 2020, el resultado también fue de cero incidencias, inspecciones que contaron con el mismo resultado tras más de 400 inspecciones realizadas durante el primer trimestre de 2021. En el caso de Navarra, no hubo una sola incidencia durante todo el año 2021, tras más 280 inspecciones en establecimientos de juego.
Durante los días 21, 22 y 23 de abril de 2021 se realizaron en Andalucía más de 526 inspecciones con el resultado de cero incidencias por menores. Durante los días 26 y 27 de septiembre de 2019, la Policía Nacional llevó a cabo más de 1 880 visitas a salones de juego de toda España -excepto País Vasco-, en colaboración de la Policía Foral de Navarra y los Mossos d’Esqcuadra, unas inspecciones enmarcadas dentro de la ‘Operación Arcade’, que tuvo como resultado una incidencia situada por debajo del 0,94%. También en Madrid, a lo largo del año 2020, hubo cero incidencias tras 3 997 inspecciones y, en 2021, cero incidencias tras, al menos, 1 100 inspecciones.
El desarrollo y resultado de las numerosas inspecciones llevadas a cabo por parte de la Policía Nacional son una muestra de la colaboración entre los operadores de juego y la Administración Pública, a fin de asegurar las máximas garantías para los jugadores y, especialmente, para los más vulnerables. Muestra de esto son las declaraciones realizadas en 2020 por parte del jefe del Servicio de Control de los Juegos de Azar y Apuestas de la Policía Nacional, Javier Molinera, en las que daba fe del cumplimiento por parte de todos los operadores del sector.
La disonancia entre el juego privado y el juego público
En contraste con el firme cumplimiento de los operadores de juego privado en materia de prevención, control y prohibición del acceso al juego para menores de edad y auto prohibidos, la planificación para evitar que los menores accedan a los establecimientos de juego no aplica en el caso de los locales donde se suministran las diferentes modalidades de juego público, que no cuentan con ningún tipo de control en el acceso, ni garantías de protección a los sectores más vulnerables. Muestra de ello son algunos casos recientes, cubiertos por los medios de comunicación, en los que se hizo patente que menores de edad habían accedido a modalidades de juego público sin ningún tipo de control y, tras hacerse evidente, no se hizo pública ningún tipo de sanción por el incumplimiento de la normativa.
El sector del juego privado presencial continuará garantizado la protección de los colectivos más vulnerables y el estricto cumplimiento normativo, mientras reclama que se igualen los controles entre los operadores privado y públicos, con el objetivo de seguir protegiendo a todos los jugadores.
